Autoridades trujillanas se pronunciaron en diciembre pasado sobre la violencia y delincuencia en nuestra ciudadLas Raíces de la violencia
Los estudios señalan que el aumento de la violencia ha sido generalizado en todo el país. Datos de la Oficina de Racionalización y Estadística muestran, por ejemplo, que el total de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud pasaron de 43.654 casos en 2005 a 75.286 casos en 2009.
En Trujillo, estudios locales estiman que más de 40 bandas estarían operando en la ciudad, con acciones que van desde robos a mano armada a secuestros y extorsión a pequeños y medianos comerciantes.
Según el Observatorio del Delito de Trujillo, "en el mes de noviembre se reportaron 10 asesinatos, 250 asaltos a mano armada, 1.500 robos 'al paso' y 3.000 actos de intimidación", en una ciudad de casi un millón de habitantes. Pero mientras unos exigen paz y el envío de 1.000 policías más para hacer frente a la situación, otro grupo exige justicia.
Durante más de dos años, familiares de las víctimas y fiscales locales han venido acusando al jefe de la policía de la ciudad de Trujillo de estar involucrado con un presunto escuadrón de la muerte. El cuestionado oficial y hoy ex jefe del Escuadrón de Emergencia Este, Elidio Espinoza, fue ascendido en junio del año pasado a coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP) a pesar que en ese momento la Fiscalía ya había pedido cadena perpetua para él por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y abuso de autoridad.
El coronel Espinoza rechaza tajantemente cualquier vinculación a un escuadrón ilegal. Según ha declarado en más de una oportunidad, una cosa es hablar de cómo lidiar con las peores formas de delincuencia urbana y otra muy distinta enfrentarse a ella. "Lo cierto es que (los delincuentes) se enfrentaron con nosotros a balazos", declaró recientemente, haciendo referencia a que los casos de muerte se produjeron en medio de balaceras.
El decreto 982. Y el tema del enfrentamiento es clave. Cuando fue ascendido a coronel, Espinoza ya había sido objeto de 24 investigaciones por parte de la Fiscalía, 23 de las cuales habían sido archivadas al amparo del Decreto Legislativo 982.
Ese decreto, promulgado en julio de 2007, señala que la policía estará libre de cualquier proceso judicial si "en cumplimiento de su deber cause lesiones o muerte". Según los organismos que defienden los derechos humanos, los muertos empezaron a aparecer un mes después de ese decreto. Wilfredo Ardito, abogado de Aprodeh (Asociación pro Derechos Humanos) señala: "nosotros advertimos que era una licencia para matar, el gobierno lo negó pero en la práctica vemos que ha sido así".
Elidio Espinoza insiste en que la policía abatió a los delincuentes porque estos les atacaron. El ministro del Interior, Octavio Salazar, admitió por primera vez que es posible que en ese cuerpo existan elementos que se hayan desviado del orden y cometido excesos. A ellos hay que identificarlos y sancionarlos, explicó.
En respuesta a unas preguntas sobre el destino del cuestionado oficial y los miembros de la policía mientras dure la investigación, la oficina de Salazar señaló que "se ha dispuesto el cambio de colocación de todo el conjunto de oficiales y personal subalterno, de manera gradual".
El mismo presidente Alan García ha pedido que se lleve a cabo una investigación a fondo. Según declaró el mandatario, en Perú se respeta el Estado de Derecho y la delincuencia se enfrenta con los instrumentos que ampara la ley. Lo que por ahora no tendrá respuesta es qué está sucediendo en Trujillo y el resto del Perú que está llevando a una enorme escalada en los niveles de violencia.
En Trujillo, estudios locales estiman que más de 40 bandas estarían operando en la ciudad, con acciones que van desde robos a mano armada a secuestros y extorsión a pequeños y medianos comerciantes.
Según el Observatorio del Delito de Trujillo, "en el mes de noviembre se reportaron 10 asesinatos, 250 asaltos a mano armada, 1.500 robos 'al paso' y 3.000 actos de intimidación", en una ciudad de casi un millón de habitantes. Pero mientras unos exigen paz y el envío de 1.000 policías más para hacer frente a la situación, otro grupo exige justicia.
Durante más de dos años, familiares de las víctimas y fiscales locales han venido acusando al jefe de la policía de la ciudad de Trujillo de estar involucrado con un presunto escuadrón de la muerte. El cuestionado oficial y hoy ex jefe del Escuadrón de Emergencia Este, Elidio Espinoza, fue ascendido en junio del año pasado a coronel de la Policía Nacional de Perú (PNP) a pesar que en ese momento la Fiscalía ya había pedido cadena perpetua para él por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y abuso de autoridad.
El coronel Espinoza rechaza tajantemente cualquier vinculación a un escuadrón ilegal. Según ha declarado en más de una oportunidad, una cosa es hablar de cómo lidiar con las peores formas de delincuencia urbana y otra muy distinta enfrentarse a ella. "Lo cierto es que (los delincuentes) se enfrentaron con nosotros a balazos", declaró recientemente, haciendo referencia a que los casos de muerte se produjeron en medio de balaceras.
El decreto 982. Y el tema del enfrentamiento es clave. Cuando fue ascendido a coronel, Espinoza ya había sido objeto de 24 investigaciones por parte de la Fiscalía, 23 de las cuales habían sido archivadas al amparo del Decreto Legislativo 982.
Ese decreto, promulgado en julio de 2007, señala que la policía estará libre de cualquier proceso judicial si "en cumplimiento de su deber cause lesiones o muerte". Según los organismos que defienden los derechos humanos, los muertos empezaron a aparecer un mes después de ese decreto. Wilfredo Ardito, abogado de Aprodeh (Asociación pro Derechos Humanos) señala: "nosotros advertimos que era una licencia para matar, el gobierno lo negó pero en la práctica vemos que ha sido así".
Elidio Espinoza insiste en que la policía abatió a los delincuentes porque estos les atacaron. El ministro del Interior, Octavio Salazar, admitió por primera vez que es posible que en ese cuerpo existan elementos que se hayan desviado del orden y cometido excesos. A ellos hay que identificarlos y sancionarlos, explicó.
En respuesta a unas preguntas sobre el destino del cuestionado oficial y los miembros de la policía mientras dure la investigación, la oficina de Salazar señaló que "se ha dispuesto el cambio de colocación de todo el conjunto de oficiales y personal subalterno, de manera gradual".
El mismo presidente Alan García ha pedido que se lleve a cabo una investigación a fondo. Según declaró el mandatario, en Perú se respeta el Estado de Derecho y la delincuencia se enfrenta con los instrumentos que ampara la ley. Lo que por ahora no tendrá respuesta es qué está sucediendo en Trujillo y el resto del Perú que está llevando a una enorme escalada en los niveles de violencia.
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