Y los Petroaudios ?

El más sonado caso de corrupción del segundo gobierno de Alan García
Los actos, omisiones e indicios que se vienen produciendo en relación al más sonado caso de corrupción que ha envuelto al segundo gobierno de Alan García no termine con el tan temido sustantivo: impunidad. El ex ministro aprista protagonista de los pretroaudios, Rómulo León Alegría, está en casa, y la forma y fondo con que se tomó esta decisión es una muestra más que en el Perú, y en el Poder Judicial, la lucha contra la corrupción y la defensa de los bienes jurídicos del Estado no son la prioridad.
Ya lo decía Gonzalo Portocarrero en su célebre ensayo sobre el criollismo: el cinismo se ha instaurado en nuestro país y será muy difícil erradicarlo. La “viveza”, el clientelismo, y el utilizar la ley abusando de interpretaciones cuestionables, no son mal vistos, sino todo lo contrario. Es una muestra de orgullo y que la persona va a poder sobrevivir en el juego del más vivo, la ley de la selva, la norma del amiguismo, ¿la ley del Perú? De lo contrario, no existe otra explicación de por qué es que magistrados anticorrupción puedan emitir una resolución con tantas fallas, cuestionamientos y otorgando ilegales privilegios a personajes cercanos al poder. Tampoco importa que el presidente de la Corte Superior de Lima, César Vega Vega -quién nombró a los dos magistrados provisionales (Carranza Paniagua y Manrique Suárez) que sacaron al aprista Rómulo León de la cárcel- sea un aprista confeso, y que actitudes y resoluciones muy cuestionables, muestren que su simpatía lo aleja del básico principio fundamental de independencia.
Aprovecharon la coyuntura del asesinato de Alicia Delgado para excarcelar al impresentable Rómulo León.
¿Por qué, la resolución que excarcela a Rómulo León es cuestionable?:
- En primer lugar, porque está mal fundamentada jurídicamente. A diferencia del voto disidente del vocal titular Iván Sequeiros, en las diez páginas de la resolución desarrolladas por los dos magistrados provisionales, se omite cualquier mención a los audios que todos los peruanos y peruanas escuchamos acerca de los negociados petroleros y que son la principal prueba de culpabilidad del procesado.
Es más, si leemos atentamente el fallo y nos percatamos la extensión que se da a los argumentos de la defensa, pareciera que para estos dos jueces -al igual que para el poco diligente doctor Jorge Barreto- los audios o videos (vladivideos), por haberse obtenido sin orden del juez, son ilegales y no constituyen prueba. Tesis refutada por varios penalistas y también por la lógica común, sobre todo si se tiene en cuenta que este tipo de material evidencia un grave delito.
- Segundo, los magistrados no tienen en cuenta que la figura de arresto domiciliario se aplica excepcionalmente a procesados de ciertas características: personas con más de 65 años, mujeres gestantes o personas a quienes el encierro genere un peligro en su salud. Es decir, si una persona está en la cárcel durante un proceso es porque: 1) los indicios en su contra son importantes (por ejemplo, tener audios que lo sindican directamente de haber cometido los delitos), 2) tiene antecedentes de fuga, y 3) no se configura alguna de las excepciones que permiten el arresto domiciliario.

Curiosamente, cuando explotó la corrupción de los petroaudios, apareció el tema de Magaly Medina...El incorruptible Heduardo nos lo recuerda...
- Tercero, la referida resolución omite o justifica los antecedentes de Rómulo León Alegría. El procesado, además de haber estado 38 días prófugo de la justicia ─pese a declarar en un inicio, ante un conocido medio de comunicación, que estaba esperando a las autoridades judiciales en su casa─, tiene antecedentes penales y referidos también en un caso de corrupción. Y no es que en ese primer proceso haya demostrado inocencia, sino que no tuvo la oportunidad de estar frente a una lectura de sentencia pues el delito por el cual estaba siendo procesado prescribió.
- Cuarto, es extraño que en un caso emblemático los magistrados no verifiquen la dirección donde se efectuará el arresto domiciliario. Cuando la policía fue a verificarla, no existía.
- Quinto, es muy grave que los magistrados hayan aceptado que Rómulo León Alegría cumpla el arresto domiciliario en la casa de su hijo, Rómulo León Romero, quién también está siendo procesado por estos hechos. Es contraproducente, sobre todo si la misma Sala ha señalado que el procesado está prohibido de “comunicarse y evitar contacto directo o indirecto de cualquier naturaleza con sus coencausados, testigos y peritos inmersos en el presente proceso”. Ciertamente, los jueces debieron rechazar categóricamente que Rómulo León se quede en el domicilio de otro implicado en el caso, pues las posibilidades de acuerdos, obstrucción de pruebas y confabulación son muy altas. ¿Qué pasó? Éste es un descuido inaceptable.

El Caso Magaly Medina blindó la corrupción de Rómulo León y sus compinches.

Por el conjunto de razones que salen del propio fallo, y los antecedentes de negligencia y lentitud que tiene este proceso, no es difícil tener suspicacias. Esta resolución a favor de Rómulo León es un escándalo jurídico y que el arresto domiciliario en cuestión es un privilegio otorgado de forma ilegal, debido a sus conexiones con el poder.
Por ello, no es suficiente que el doctor Javier Villa Stein, junto con el cuestionado Vocal César Vega Vega, hayan salido a decir que se investigará a Jorge Barreto y hayan empezado a criticarlo. La exigencia de mayor celeridad en este proceso viene de meses atrás y, pese a eso, la inacción ha seguido incluso con declaraciones del Presidente del Poder Judicial a favor del, ahora sí, cuestionado juez Barreto.
A estas alturas, y tras el escándalo, esperamos que esta resolución sea modificada, y que la actitud del Poder Judicial, con esta avalancha de fundadas críticas, cambie. Se necesitará algo más que conferencias de prensa para que se vea que el Poder Judicial realmente quiere cambiar el rumbo en lo que se refiere a luchar contra la corrupción, así como la actitud que tiene frente a casos emblemáticos que involucran a personajes relacionados al partido de gobierno.