Expediente Fujimori

Final Para La Tribuna
“La gente ya no se preguntaba cómo estaba, sino a quién asesinaron”, recordó el ex presidente Alberto Fujimori en un pasaje de su autodefensa iniciada el miércoles 1. Expresaba así la caótica situación en la que recibió el gobierno del país en 1990. Pero cuando efectivos del Ejército asesinaron a un niño de ocho años y otras 14 personas en lo que luego se conoció como el crimen de Barrios Altos, uno de las principales cargos que hoy lo tienen en el banquillo de los acusados, Fujimori no reaccionó para dar con los responsables de la masacre.
“Yo no goberné desde Palacio de Gobierno sino desde el infierno”, exclamó en lo que pareció una extraña forma de admisión. Pero cuando el fiscal Avelino Guillén lo interrogó el 17 de diciembre del 2007 dijo que se enteró de Barrios Altos por la radio. “Víctor Malca (ministro de Defensa) y Montesinos, por otra parte, me dijeron que podrían ser terroristas los causantes del hecho”, respondió quien el miércoles se volvió a presentar como el estratega al que no se le escapaba nada. Nada respondió del largo guión de encubrimiento con los crímenes del grupo Colina que caracterizó a su gobierno.
Fujimori inició su alegato final en tono pausado que, con el correr de los minutos, fue in crescendo tanto en volumen como intensidad. No tanto como para que el presidente del tribunal, César San Martín, le llamara la atención. Pero sí lo suficiente para que la sala acondicionada en la Diroes se convirtiera en el escenario propio de un discurso político pronunciado con altavoz.
Con su reloj vigilante sobre el estrado, el ex mandatario se ayudó con un texto y reiteró que “nadie ha podido aportar ni una sola prueba que me condene y no lo han podido hacer porque simplemente no existen. Como lo dije desde el principio, soy inocente”.
Fujimori aseguró que en un futuro, “cuando las aguas vuelvan a su nivel y el Perú esté depurado de sus pasiones”, será recordado en los libros escolares de texto como “el presidente que le devolvió (al pueblo) la paz y la estabilidad”.
PERO LAS LÍNEAS MÁS ELOCUENTES y persuasivas de su intervención fueron proseguidas por uno de sus peores defectos: desaparecer todo lo que le precedió, reflejo de ese desprecio intelectual a la historia del país. Su egocentrismo llegó a extremos. “Ninguno de los dos gobiernos anteriores había diseñado una estrategia más allá de la represión militar”, dijo. La derrota infringida, en ese orden de ideas, fue un logro exclusivamente suyo y volvió a olvidar que el golpe mortal propinado a Sendero Luminoso, la captura de Abimael Guzmán, en 1992, fue consecuencia de su captura por una unidad de la Policía creada en el gobierno de su antecesor, Alan García. Es más, la Policía estuvo a punto de capturar a Abimael a pocas semanas de que Fujimori asumiera el mando.
“La mañana siguiente al crimen (de Barrios Altos), me enteré gracias a RPP, ya que entonces una de mis fuentes era la radio”. Pero Fujimori distorsionó la historia, mezquinó los grandes esfuerzos de sus antecesores, tanto civiles como militares, y se pretendió erigir como el conquistador de la paz. Su autodefensa se dirigía a la tribuna, más que al tribunal, confiado en que los peruanos más jóvenes que lo escuchan no vivieron los años de la violencia, ni experimentaron la conmoción provocada por las masacres que, 15 años después, han sentado en el banquillo de los acusados, por delitos de lesa humanidad, por primera vez en la historia peruana, a un ex presidente del país.
La historia no es lineal ni sencilla como la pinta Fujimori. Su gobierno también tuvo dos incuestionables méritos en la estrategia antisubversiva: la consolidación de las rondas campesinas originadas en la década anterior y la ley de arrepentimiento, que ayudó a encauzar las acciones de inteligencia, en el campo y la ciudad. Pero Fujimori no inventó la pólvora. Los primeros conatos de organizar al campesinado y armarlo en grupos de autodefensa datan del gobierno de Fernando Belaunde. Los periodistas muertos en Uchuraccay, en 1983, cayeron confundidos por senderistas por una de estas rondas.

Luego Alan García, en 1985-1990, intentó desesperadamente potenciar las rondas a pesar de la resistencia del Ejército para armar a los pobladores. Fujimori tuvo la virtud de retomar estas iniciativas e implementarlas, pero ya para entonces las FF.AA. y policiales habían pasado por un largo proceso de maduración y decantación.
Finalmente, a “Gonzalo” le echó el guante el Gein de la Policía y no el Grupo Colina patrocinado por los principales colaboradores del ex presidente, Vladimiro Montesinos y Nicolás Hermoza.
Fujimori recibirá muy probablemente una condena en los próximos días. Y no por los aciertos innegables de su gobierno. En 159 audiencias desarrolladas a lo largo de un año y cuatro meses, Fujimori ha sido procesado por su responsabilidad en graves crímenes perpetrados por agentes del Estado en Lima urbana y encubiertos activamente por el régimen y por él mismo.
LA HISTORIA DE ESTE TRASCENDENTE JUICIO es también la de la defensa del procesado, empeñada en alejarlo todo lo posible de la órbita del Grupo Colina, reducido por el abogado César Nakazaki a un grupo que actuó en confines castrenses, como un tumor invisible para el poder político.
Pero la hipótesis de un Fujimori decorativo, ignorante de lo que ocurría a solo unas cuadras de Palacio de Gobierno como ocurrió con Barrios Altos, terminó en realidad por mellar su autodefensa. Resulta ingenuo pretender inventarse un ciego, sordo y mudo a partir del presidente que el miércoles último se volvió a jactar de controlar cada resquicio de la lucha contra la subversión y de una estrategia “única y novedosa”.
Para lo que le compete al juicio, la responsabilidad de Fujimori sigue expresándose en sus reacciones posteriores a los crímenes.
“Me dolió en el alma que un grupo de militares boicoteara la estrategia”, confesó sobre la masacre de La Cantuta. Pero todas sus acciones fueron en la dirección contraria.
Más que la búsqueda de la pistola humeante, del imposible documento en el que ordena algún asesinato, es lo que siguió a los hechos de sangre lo que diferencia a Fujimori de los momentos más complicados vividos por Fernando Belaunde y Alan García.
En su última intervención del lunes 30, Nakazaki comparó el caso de su patrocinado con el de la masacre de Accomarca en setiembre de 1985. Así, sostuvo, todo presidente resultaría siendo autor mediato. El ejemplo al que recurrió Nakazaki termina por conspirar contra su cliente.
ACCOMARCA FUE UN TERRIBLE EPISODIO donde una patrulla comandada por el teniente EP Telmo Hurtado terminó con la vida de 69 personas. Alan García había asumido el gobierno poco antes y dispuso el inicio inmediato de una investigación, que terminó poco después con la renuncia del presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, César Enrico Praeli, y la destitución de los jefes de región y del comando político militar de la zona (Sinesio Jarama y Wilfredo Mori, respectivamente). El responsable directo, Hurtado, fue apresado. La contienda de la competencia, en la que la Corte Suprema reconoció finalmente la jurisdicción de la Justicia Militar, empañó la investigación pero nada indica que el Ejecutivo ejerciera presión. El propio informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento que en muchos pasajes es muy poco grato con la responsabilidad política del actual mandatario, señala que “la rápida respuesta de García marcó una distancia con el comportamiento del gobierno anterior y tuvo un impacto público favorable en el corto plazo”.
Hurtado fue finalmente condenado a seis años de prisión en 1992, pero se benefició con una interpretación de la ley de amnistía que impulsó con entusiasmo la congresista fujimorista Martha Chávez tres años después. La misma amnistía que liberó a los miembros del Grupo Colina y que en retrospectiva representa el puntillazo final en la trama de encubrimiento que tan seriamente compromete a Fujimori. Viéndolo en perspectiva, si no se hubiera promulgado Fujimori podría estar en una situación muy distinta. (Revista Caretas)

Ahora niega lo evidente

El ex presidente peruano Alberto Fujimori insistió en que no dictó órdenes para que se cometieran las violaciones de los derechos humanos por los que se le procesa, y dijo que la parte acusadora actúa con "odio personal y político".
Fujimori, en su segundo y último día de autodefensa, afirmó que la parte acusadora diseñó "un andamiaje legal a lo Frankenstein" para que se le sentencie pero que no logró ninguna prueba de que él haya dado las órdenes.

Fujimori, de 70 años, dedicó la mayor parte de su exposición a descalificar a las pruebas presentadas por la fiscalía, las que, dijo, "deben haber pasado a la historia del folclore judicial". El acusado usó términos como "grotescos", "absurdos", "descabellados" y "mala fe" para referirse a las argumentos de la Fiscalía y la parte civil, basados, según él, en "conjeturas y suposiciones que no tienen absolutamente nada de jurídico" y que "lindan con la irracionalidad".
Barrios Altos:
La masacre de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991 en los Barrios Altos, un barrio popular del cercado de Lima en Perú. Quince personas murieron y cuatro mas fueron heridas por atacantes que posteriormente fueron identificados como miembros del Grupo Colina, un destacamento paramilitar formado por miembros de las Fuerzas Armadas del Perú.
Esta masacre fue vista como un símbolo de las violaciones a los derechos humanos prepetradas durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori y fue uno de los crímenes citados por el gobierno peruano en su solicitud de extradición presentada a Japón en el 2003. El hecho perpetrado en Barrios Altos fue por directiva directa de Vladimiro Montesinos
La noche del 3 de noviembre de 1991 se llevaba a cabo una pollada en el primer piso del inmueble ubicado en el Jirón Huanta Nº 840 para conseguir fondos para reparar ese edificio. Aproximadamente a las 23:30, seis individuos armados y encapuchados entraron al edificio luego de bajar de dos vehículos (un Jeep Cherokee y un Mitsubishi). Estos autos tenían luces policiales y sirenas, las que habían sido apagadas cuando llegaron al lugar.
Los atacantes, individuos de entre 25 y 30 años de edad, cubrieron sus rostros con pasamontañas y ordenaron a los asistentes de la reunión a tenderse en el piso, donde les dispararon indiscriminadamente por cerca de dos minutos, matando a 15 de ellos incluyendo un niño de 8 años e hiriendo seriamente a otras cuatro personas, uno de los cuales quedó permanentemente paralítico.
Luego los atacantes huyeron en los dos vehículos bajo el sonido de sus propias sirenas. Durante la investigación, la policía encontró 111 casquillos y 33 balas del mismo calibre en la escena del crimen, determinado que los asesinos habían utilizado pistolas sub ametralladoras equipadas con silenciadores.
Barrios Altos Y La Agenda Presidencial
El 2 de noviembre de 1991, Fujimori viajó a Yurimaguas con sus hijos pero regresó de urgencia la noche siguiente. Desde las 7 p.m. y hasta la madrugada estuvo reunido en Palacio con su gabinete para tratar la crisis desatada a raíz de la renuncia del premier Carlos Torres y Torres Lara.
Tres horas y media después, a quince cuadras de ahí, 12 encapuchados ingresaron al jirón Huanta 840 y acribillaron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años. “De aquí nadie sale vivo”, había ordenado el jefe del grupo, Santiago Martin Rivas, a sus subordinados.
Tan sólo 24 horas antes, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había abandonado el país con la promesa del presidente de no caer en la guerra sucia. A pesar de las hipótesis sobre participación de agentes del Estado que ya se barajaban en la prensa, Fujimori mantuvo su insólito silencio hasta el 26 de noviembre, y lo rompió para fustigar a Amnistía Internacional y America’s Watch, que reclamaban una investigación.
El autogolpe del 5 de abril paralizó los esfuerzos del Congreso por llegar a los responsables. Meses después, en diciembre, el distanciado vicepresidente Máximo San Román convocó a conferencia de prensa para presentar un documento de inteligencia en el cual se involucraba a Montesinos en el crimen de Barrios Altos. El documento señalaba además que el grupo de eliminación pertenecía al SIE y entre sus miembros estaba un teniente EP de nombre Jesús Sosa Saavedra. Eran datos certeros.
Fujimori sólo contestó: “que presente pruebas, que no quede sólo en palabras”.
Fue similar lo que ocurrió luego del crimen de La Cantuta el 17 de julio de 1992, donde nueve estudiantes y un profesor fueron sacados de la Universidad para ser ejecutados al día siguiente del sangriento atentado senderista en Tarata.
El oficialismo bloqueó todos los intentos del Congreso Constituyente Democrático, que inició una investigación luego que en abril de 1993 el congresista Henry Pease recibiera un anónimo que detallaba el funcionamiento de Colina y la responsabilidad de Montesinos, el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Juan Rivero Lazo, el comandante general del Ejército, Nicolás Hermoza Ríos y el jefe de la División de Fuerzas Especiales, general Luis Pérez Documet.
Hermoza sacó los tanques como respuesta a las reiteradas citaciones del Parlamento y ese mismo día, el 20 de abril, Fujimori declaró a la prensa que “no hay derecho a que se melle la imagen de una institución que trabaja por el país”.
Ese mismo mes, según declararon a la Primera Sala Anticorrupción cinco agentes de Colina, mientras la Comisión Investigadora citaba a Hermoza éste ordenaba el desentierro de los cadáveres y su traslado a otro lugar.
El 5 de mayo de ese año el general de División EP Rodolfo Robles Espinoza hizo conocer a la prensa que los Colina eran los autores de ambos crímenes. Sostuvo que estaban involucrados Montesinos y los altos mandos castrenses. Luego de varias amenazas de muerte, se asiló en Argentina. Robles se ratificó en declaraciones a la comisión parlamentaria desde Buenos Aires.
El informe en mayoría suscrito por los congresistas de oposición encontró responsabilidad funcional en el jefe de la II Región Militar, el jefe de la DIFE, Pérez Documet, el jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas y responsabilidad penal contra Hermoza Ríos.
El informe en minoría, que durante sesión del pleno la noche del viernes 25 de junio fue aprobado por 39 votos contra 13, insistió en el “autosecuestro” de las víctimas, quienes estaban supuestamente vivas en alguna parte del país. Este informe fue encontrado en el 2001 en la computadora del asesor de inteligencia del SIN, Rafael Merino Bartet.
La Cantuta:
La Masacre de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes de la limeña Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle (conocida como La Cantuta debido al nombre de la zona donde se encuentra) fueron secuestrados y desaparecidos por una escuadra paramilitar, presuntamente pertenecientes al Ejército Peruano. Tuvo lugar en el Perú el 18 de julio de 1992 durante la presidencia de Alberto Fujimori.
El incidente es notable no sólo por las violaciones a los derechos humanos que implicó, sino por la subsecuente impunidad que disfrutaron sus perpetradores. Fue uno de los crímenes que el gobierno peruano estableció en su pedido de extraditación de Fujimori frente el gobierno de Japón el 2003 y es uno de los que también presentó al gobierno de Chile por el mismo motivo.
En la madrugada del 18 de julio de 1992, 2 días luego de la explosión del coche bomba en la céntrica calle miraflorina de Tarata, miembros del Servicio de Inteligencia del Ejército así como de la Dirección de Inteligencia del Ejército, muchos de los cuales supuestamente pertenecían al recientemente establecido Grupo Colina, entraron a las residencias de la Universidad Enrique Guzmán y Valle.
Una vez dentro, las tropas forzaron a todos los estudiantes a salir de sus habitaciones y echarse boca abajo en el piso. Nueve estudiantes, sospechosos de estar conectados a la explosión de Tarata, – Bertila Lozano Torres, Dora Oyague Fierro, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, Robert Édgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Felipe Flores Chipana, Marcelino Rosales Cárdenas, y Juan Gabriel Mariños Figueroa – fueron separados de los demás y llevados aparte. Mientras tanto, en las residencias de los profesores, un grupo de soldados irrumpió a la casa del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Luego de registrar su dormitorio, se llevaron al profesor. Ninguna de las diez víctimas fue vuelta a ver.
La Cantuta Y El Paradero De Fujimori
El 12 de julio de 1993 fue hallada la fosa de Cieneguilla con algunos de los restos humanos chamuscados y las llaves de Armando Amaro Cóndor. Pero el 24 de agosto la investigación se paralizó. La Fiscalía de la Nación dirigida por Blanca Nélida Colán decidió que la 8a Fiscalía traspase todo lo actuado al Fuero Militar.
El 4 de octubre algunos de los restos fueron enviados a un laboratorio en Londres. El encargado fue el doctor Aníbal Escalante, médico de cabecera de Fujimori y quien certificara la falsa intoxicación por bacalao en abril de 1990. El resultado del análisis jamás fue entregado a la justicia.
El 18 de diciembre el juez del fuero común ordenó la detención de 11 oficiales y subalternos, pero el Consejo Supremo de Justicia Militar (CSJM) se opuso al señalar que también los investigaba. La llamada Ley Cantuta estableció que sólo se necesitaban 3 votos en la Corte Suprema para que un caso pase al Fuero Militar.
El 21 de febrero de 1994 la Sala de Guerra del CSJM sentenció a 6 agentes a 20 años de prisión, entre ellos Santiago Martin Rivas, y a dos oficiales, el general Rivero Lazo y el coronel Federico Navarro. Los dos últimos no purgaron prisión. Seis meses después absolvió al general Hermoza, el general Pérez Documet y el asesor Montesinos.
Los Colina fueron liberados el 16 de junio de 1995, en cumplimiento a la ley que daba amnistía a militares procesados por violación a los derechos humanos. Fue aprobada de “contrabando” a las 3 de la madrugada del 15 de junio.
En la primera fecha de su autodefensa Fujimori no explicó ningún eslabón de la ominosa secuencia. Pero sí celebró que sus éxitos los consiguiera desinteresadamente y sin obtener “ningún rédito personal”. Olvidó que se sirvió de ellos para perpetuar un gobierno que cayó en medio de los más graves hechos de corrupción conocidos en el país y que dejó la institucionalidad en escombros que el Perú recoge hasta hoy. El mismo irrespeto a las formas constitucionales que estimuló la repetida criminalidad e impunidad del Grupo Colina. Los delitos, para él meras grietas en un sólido dique, que lo tienen esperando en la antesala de una sentencia histórica.