La Haya entra a tallar El Palacio de la Paz de La Haya, en Holanda, emblemática sede de la Corte Internacional de Justicia, creado en 1945, será el escenario en donde se defina la delimitación marítima entre Perú y Chile.
EL documento se denomina Memoria, a secas. La Memoria contiene los documentos oficiales, los mapas y los croquis y el sustento jurídico en el que el Perú basa su demanda de delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El agente peruano ante La Haya, embajador Allan Wagner, entregará la Memoria oficialmente en manos del secretario de la CIJ, Phillipe Couvreur. Será acompañado por el coagente, embajador Jorge Chávez Soto, y la ministra consejera, Marisol Agüero.
Todos los ojos estarán puestos ahora en el emblemático Palacio de la Paz de La Haya, en Holanda. Al menos, en el Perú y Chile. Pero no será allá, en La Haya, donde se deba prestar oídos. De acuerdo a los estrictos procedimientos de la Corte, en el proceso de demanda los gobiernos están obligados a mantener la reserva del caso, hasta el inicio de la fase oral, dentro de dos o tres años, cuando recién se puedan hacer públicos los expedientes de ambas partes.
En contraste con la serena actitud del gobierno peruano ante el inevitable trance jurídico internacional, el gobierno de Chile reaccionó esta semana de manera sorprendente, primero, y, luego, de forma altisonante.
El jueves 12, la presidenta chilena Michelle Bachelet relevó a Alejandro Foxley del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo reemplazó por Mariano Fernández, hasta entonces embajador de Chile en Washington.
A su vez, cambió al titular de Defensa, José Goñi, por Francisco Vidal, hasta entonces Secretario General de Gobierno o vocero de La Moneda.
Se trató del octavo cambio de gabinete del gobierno de Bachelet, y de acuerdo con el diario El Mercurio de Chile, “fue totalmente inesperado para los líderes de la Concertación”. El hecho que Fernández, el sucesor de Foxley, no se encontrara en Santiago al momento del relevo, demuestra la precipitación con la que actuó Bachelet.
En Lima, el premier Yehude Simon y algunos otros interpretaron inicialmente la salida de Foxley como “un logro para el Perú”, lectura francamente parroquiana de la escena política chilena.
Las primeras declaraciones del canciller Fernández pronto desmintieron a quienes abrigaron esperanzas que en Santiago se había impuesto una tendencia más bien conciliadora hacia el Perú.
La línea paralela que, según Chile, define el límite marítimo con el Perú, no respeta la Declaración de Santiago de 1952.
El agente peruano ante La Haya, embajador Allan Wagner, entregará la Memoria oficialmente en manos del secretario de la CIJ, Phillipe Couvreur. Será acompañado por el coagente, embajador Jorge Chávez Soto, y la ministra consejera, Marisol Agüero.
Todos los ojos estarán puestos ahora en el emblemático Palacio de la Paz de La Haya, en Holanda. Al menos, en el Perú y Chile. Pero no será allá, en La Haya, donde se deba prestar oídos. De acuerdo a los estrictos procedimientos de la Corte, en el proceso de demanda los gobiernos están obligados a mantener la reserva del caso, hasta el inicio de la fase oral, dentro de dos o tres años, cuando recién se puedan hacer públicos los expedientes de ambas partes.
En contraste con la serena actitud del gobierno peruano ante el inevitable trance jurídico internacional, el gobierno de Chile reaccionó esta semana de manera sorprendente, primero, y, luego, de forma altisonante.
El jueves 12, la presidenta chilena Michelle Bachelet relevó a Alejandro Foxley del Ministerio de Relaciones Exteriores, y lo reemplazó por Mariano Fernández, hasta entonces embajador de Chile en Washington.
A su vez, cambió al titular de Defensa, José Goñi, por Francisco Vidal, hasta entonces Secretario General de Gobierno o vocero de La Moneda.
Se trató del octavo cambio de gabinete del gobierno de Bachelet, y de acuerdo con el diario El Mercurio de Chile, “fue totalmente inesperado para los líderes de la Concertación”. El hecho que Fernández, el sucesor de Foxley, no se encontrara en Santiago al momento del relevo, demuestra la precipitación con la que actuó Bachelet.
En Lima, el premier Yehude Simon y algunos otros interpretaron inicialmente la salida de Foxley como “un logro para el Perú”, lectura francamente parroquiana de la escena política chilena.
Las primeras declaraciones del canciller Fernández pronto desmintieron a quienes abrigaron esperanzas que en Santiago se había impuesto una tendencia más bien conciliadora hacia el Perú.
La línea paralela que, según Chile, define el límite marítimo con el Perú, no respeta la Declaración de Santiago de 1952.
El Perú plantea se trace una línea equidistante, que divida el área en azul por partes iguales, restableciendo el principio de equidad. “La situación de derecho y de hecho de la posición chilena, que por lo demás es la que existe hoy día, es que el límite marítimo en el paralelo es el límite legal entre el Perú y Chile y así se respeta y la soberanía la ejerce Chile en ese territorio”, declaró Fernández el lunes último. “Es la línea de defensa de Chile y esperamos que la Corte de La Haya la respete”.
La referencia de “derecho y hecho” hace eco al decimonónico lema del escudo chileno de “por la razón o la fuerza”.
A diferencia de Foxley, quien era ingeniero y economista, y cuya salida se explica por las continuas discrepancias con la Presidente, siendo la gota que rebalsó el vaso el reciente y accidentado viaje de Bachelet a Cuba, Fernández es el primer Canciller chileno graduado en la academia diplomática de su país, un “institucionalista” de larga tradición familiar.
Por cierto, Fernández era vicecanciller de Chile en los días del conflicto entre el Perú y Ecuador, en 1995. Una década más tarde, sería el primer funcionario chileno en reconocer la venta de armas de su país a Ecuador en plena contienda.
Ahora, el tono desafiante de sus declaraciones no sólo es desafortunado, sino acaso contraproducente, frente a un país que acude a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas para deslindar, con la fuerza de la razón, y no al revés, un contencioso de carácter marítimo.
Los magistrados de la CIJ pueden estar aliviados de la naturaleza de la disputa. La Corte ha deslindado en el pasado controversias sobre límites marítimos mucho más complejas que la que la geografía plantea en esta parte del continente.
Es obvio que la línea paralela que define el límite entre ambos países, según Chile, recorta el dominio marítimo en el Sur peruano a sólo 10 millas de distancia en el caso extremo.
Esto contradice el espíritu de la Declaración de Santiago de 1952, en la que el Perú, Chile y Ecuador proclamaron soberanía y jurisdicción exclusivas sobre las 200 millas marinas, “a partir de todo lo largo de sus costas y no únicamente en algunos tramos de las mismas”.
La yuxtaposición se debe a la inflexión de la línea de litoral que se inclina hacia el Oeste en cuanto arranca el territorio peruano. Tan es así, que la semana pasada los guardacostas peruanos rescataron a tres pescadores chilenos al garete frente al puerto de Ilo.
El traslape de la proyección hasta las 200 millas mar afuera desde las costas peruanas y chilenas compromete 37,700 Km2, equivalentes al territorio de Lima y Piura juntos. Pero Chile considera como propios el llamado “triángulo exterior”, de 27,800 Km2 a más allá de sus 200 millas, claramente dentro del dominio peruano.
Por cierto, Chile asegura que el límite fue oleado y sacramentado en los acuerdos de 1952 y 1954, y luego ratificados en múltiples cláusulas bilaterales de diverso orden en años posteriores. En cambio, el Perú afirma que las cláusulas suscritas en años posteriores fueron de carácter pesquero, y “no contienen acuerdo alguno alusivo a las delimitaciónes marítimas generales (aquellas que se proyectan desde las costas continentales) de los países firmantes”.
Desde 1986, el Perú buscó solucionar amistosamente el diferendo, siendo precisamente Allan Wagner entonces Canciller del Perú, durante el primer gobierno de Alan García, y Bákula el emisario peruano que se entrevistó con el entonces Canciller chileno Jaime del Valle, a quien se le entregó la primera nota diplomática sobre la materia.
Ahora, el Perú sólo aspira a una solución equitativa, es decir, una línea equidistante o media que divida salomónicamente las aguas vecinas, “similar a la que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados en costas adyacentes conforme el Artículo 15 de la Convención”. Las decisiones de La Haya son definitivos e inapelables. Ahora toca a la Corte Internacional de Justicia definir el hito de la concordia perenne.
La referencia de “derecho y hecho” hace eco al decimonónico lema del escudo chileno de “por la razón o la fuerza”.
A diferencia de Foxley, quien era ingeniero y economista, y cuya salida se explica por las continuas discrepancias con la Presidente, siendo la gota que rebalsó el vaso el reciente y accidentado viaje de Bachelet a Cuba, Fernández es el primer Canciller chileno graduado en la academia diplomática de su país, un “institucionalista” de larga tradición familiar.
Por cierto, Fernández era vicecanciller de Chile en los días del conflicto entre el Perú y Ecuador, en 1995. Una década más tarde, sería el primer funcionario chileno en reconocer la venta de armas de su país a Ecuador en plena contienda.
Ahora, el tono desafiante de sus declaraciones no sólo es desafortunado, sino acaso contraproducente, frente a un país que acude a la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas para deslindar, con la fuerza de la razón, y no al revés, un contencioso de carácter marítimo.
Los magistrados de la CIJ pueden estar aliviados de la naturaleza de la disputa. La Corte ha deslindado en el pasado controversias sobre límites marítimos mucho más complejas que la que la geografía plantea en esta parte del continente.
Es obvio que la línea paralela que define el límite entre ambos países, según Chile, recorta el dominio marítimo en el Sur peruano a sólo 10 millas de distancia en el caso extremo.
Esto contradice el espíritu de la Declaración de Santiago de 1952, en la que el Perú, Chile y Ecuador proclamaron soberanía y jurisdicción exclusivas sobre las 200 millas marinas, “a partir de todo lo largo de sus costas y no únicamente en algunos tramos de las mismas”.
La yuxtaposición se debe a la inflexión de la línea de litoral que se inclina hacia el Oeste en cuanto arranca el territorio peruano. Tan es así, que la semana pasada los guardacostas peruanos rescataron a tres pescadores chilenos al garete frente al puerto de Ilo.
El traslape de la proyección hasta las 200 millas mar afuera desde las costas peruanas y chilenas compromete 37,700 Km2, equivalentes al territorio de Lima y Piura juntos. Pero Chile considera como propios el llamado “triángulo exterior”, de 27,800 Km2 a más allá de sus 200 millas, claramente dentro del dominio peruano.
Por cierto, Chile asegura que el límite fue oleado y sacramentado en los acuerdos de 1952 y 1954, y luego ratificados en múltiples cláusulas bilaterales de diverso orden en años posteriores. En cambio, el Perú afirma que las cláusulas suscritas en años posteriores fueron de carácter pesquero, y “no contienen acuerdo alguno alusivo a las delimitaciónes marítimas generales (aquellas que se proyectan desde las costas continentales) de los países firmantes”.
Desde 1986, el Perú buscó solucionar amistosamente el diferendo, siendo precisamente Allan Wagner entonces Canciller del Perú, durante el primer gobierno de Alan García, y Bákula el emisario peruano que se entrevistó con el entonces Canciller chileno Jaime del Valle, a quien se le entregó la primera nota diplomática sobre la materia.
Ahora, el Perú sólo aspira a una solución equitativa, es decir, una línea equidistante o media que divida salomónicamente las aguas vecinas, “similar a la que rige la delimitación de los mares territoriales de los Estados en costas adyacentes conforme el Artículo 15 de la Convención”. Las decisiones de La Haya son definitivos e inapelables. Ahora toca a la Corte Internacional de Justicia definir el hito de la concordia perenne.
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